PARADIGMA21

Domingo 16 Mayo 2021

Volviendo de ayudar en una parroquia de mi Córdoba natal, desde donde se está haciendo una labor encomiable para atender al drama social surgido como consecuencia de la crisis desatada por la pandemia, me encontré con el mensaje de un amigo que me cuestionaba respecto a un tema que había levantado polémica al chocar diferentes opiniones. De ahí este artículo, con el ánimo de sentar bases de cara a la definición (o actualización) de ciertas ideas.

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Así, la pregunta en cuestión versaba sobre el papel del Estado a la hora de intervenir el mercado de arrendamientos urbanos, es decir, si el Estado debía o no intervenir para evitar que se cobrasen o no los alquileres. Esta polémica surge con fuerza en una situación crítica en la que cientos de negocios han tenido que cerrar y familias enteras se han quedado sin sus principales vías de ingresos.

Los avales del Gobierno de Sánchez, respaldados por la Unión Europea, no han podido evitar el cataclismo que vivimos actualmente. Otra cuestión es si las decisiones de política económica seguidas por el progresista presidente son las debidas o no, pero ese tema se tocará en otra ocasión.

El debate exponía pros y contras de prohibir el alquiler de locales y viviendas. Por un lado, aquellos ciudadanos que estuvieran en una situación más peliaguda verían cómo se aligeran sus cargas. Sin embargo, por el otro lado, vemos cómo habrá entonces arrendadores que se verán sin poder cobrar el alquiler, cohibidos por el Estado, quien actuaría como un cortafuegos infranqueable haciendo que estas clases sociales más expuestas a la exclusión se vean salvadas. Además, veremos un lucro cesante procedente de la otra parte, el arrendador.

Para construir el discurso y el contenido de las ideas que defendamos en nuestros días, siempre debemos partir del principio de Justicia Social que nos guía y que debe ser entendida bajo la Doctrina Social de la Iglesia Católica que, por extensión, debe ser también la española. Así, encontrar la solución para que en una sociedad se imparta Justicia -que se le dé a cada uno según es debido- no es ni mucho menos tarea sencilla ya que podemos caer en la frialdad capitalista de “tanto haces, tanto mereces” imponiendo una frialdad que responde a la economía liberal y ética capitalista propia de Max Weber.

La brújula que nos permita aspirar a discernir lo que es justo y, a partir de ahí construir el principio orientador de la Justicia Social, ha de ser la Caridad que predica la Fe Católica. E insisto en el catolicismo porque nuestra definición de españoles solo tiene sentido bajo esta mirada. Cualquier otra desnaturalizaría al hombre español, que le acabaría siendo indiferente que España fuera un satélite liberal o marxista.

Con el firme propósito de seguir esta ruta para tomar decisiones guiados por el principio de la Justicia Social frente a las situaciones que antes describía de situaciones límite como la actual en la que a la economía familiar se la hostiga y se pretende doblegar, la respuesta no es prohibir el cobro de arrendamientos ni tampoco lo es permitir que se cobren a pesar de la necesidad del prójimo. Es aquí donde el Estado debe mostrar su carisma caritativo y ser el padre de una gran familia, España en nuestro caso. De tal manera, el Estado debe ser garante de no solo la Justicia Social, sino también de la Paz Social (si bien una y otra van de la mano).

Entendida la postura estatal, la solución a ofrecer no es otra que la subrogación temporal de la Patria en la respuesta de las deudas nacidas de ese arrendamiento siempre que el arrendador no esté abusando de su condición, debido a que, si no, este estaría aprovechando una crisis para hacer beneficio siendo un usurero como los que queremos evitar tras ver tantos ejemplos en el régimen actual. Coloquialmente hablando, si tienes de sobra para vivir, ¿por qué vas a cobrarle a quien cada vez tiene menos?

Ahora bien, si los ingresos totales del arrendador dependieran de varios arrendamientos bien es verdad que éste no podría verse de golpe sin cobrar nada, ya que entonces es el bienestar propio el que se vería amenazado. Por ello, es el Estado garante quien deba intervenir subrogándose en estos casos en los que el arrendador corriere también un riesgo económico.

Todo esto es una construcción teórica que tiene difícil aplicación si miramos a las estructuras desarrolladas por el Régimen del 78. Esto se debe a que la Administración actualmente está sobredimensionada, es un gran Leviatán que se alimenta de los impuestos aplicados a las clases medias y bajas principalmente.

De hecho, con tal despilfarro de dinero público que podemos ver en tantos estómagos agradecidos (desde asesores hasta miles de asociaciones o fundaciones subvencionadas) podríamos incluso afirmar que es el propio Estado quien ejerce de usurero respecto de sus ciudadanos ya que los partidos políticos que copan las instituciones viven una realidad paralela a la del pueblo español. Esto hace que una aplicación de lo expresado antes sea imposible actualmente con la maraña institucional desarrollada.

Para poder aspirar al Estado garantista, España deberá pasar por una drástica reducción de su administración ineficiente, así como del funcionariado adjunto a la misma, el cual no sólo no es productivo, sino que también es contraproducente (por sus duplicidades) y parasitario (por su sesgo ideológico en tantas ocasiones). De esta manera, con una Administración más pequeña, pero con una mayor fuerza y firmeza, podremos aspirar a una España en la que se defiendan los intereses de sus ciudadanos y se le garanticen sus derechos. Sólo así podremos dar un primer paso hacia la Justicia Social.